La cautelar dictada por el camarista Rodolfo Novillo intercepta (con carácter provisorio) la consolidación de una versión descarnada de la discrecionalidad. Esta interpretación se funda en actos aparentemente ajustados a la legalidad formal que sin embargo podrían exceder los contornos de la razonabilidad y la buena fe. Si el gobernador José Alperovich no hubiese llevado tan lejos su rechazo al candidato-funcionario que trabajó con Jerez durante el mirandismo, la Justicia no tendría por qué analizar si el Poder Ejecutivo (PE) dispone de atribuciones para crear parias de la magistratura.
En virtud de este juicio, Tucumán toma la vanguardia en el debate sobre los supuestos actos arbitrarios del poder político en materia de designación de jueces, discusión cuya necesidad también se ha manifestado, con matices, en otras provincias y en la órbita nacional. La contienda ingresa al terreno tutelado por la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables o de la resistencia al gobierno de los jueces. El afán de Carlos López por conocer las razones que justifican su veto sistemático ha abierto una esperanza para los que, como él, son excluidos por el PE en el mayor de los silencios.